Revista Humanidades, Vol. 3, pp. 1-19 / ISSN: 2215-3934

Universidad de Costa Rica, 2013

Recibido: 05-III-2013 / Aceptado: 03-VI-2013

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA HOY: ANOTACIONES PARA LA DISCUSIÓN

Luis Muñoz Varela: Licenciado, docente interino en la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (luis.munoz@ucr.ac.cr).

Resumen

El presente ensayo ofrece una breve reflexión en torno al concepto de la autonomía universitaria, centrándose en el abordaje de dos temas críticos: a) las implicaciones que acarrea para la universidad pública la emergencia de una nueva concepción del conocimiento, definida como pragmática, instrumental y utilitarista; b) los cambios que se busca instituir en la universidad pública por parte de las autoridades de gobierno y de otras entidades (nacionales e internacionales), en el marco de lo que cabe llamar un proceso de transformación de la institucionalidad del Estado costarricense, que inició hace un cuarto de siglo y el cual se desarrolla en sintonía con la instauración en el país del nuevo modelo económico de apertura comercial, inversión extranjera directa, “ventajas competitivas”, “nichos de producción y exportación”, tratados de libre comercio.

Palabras clave: autonomía universitaria, universidad pública, globalización, sociedad del conocimiento, transformación institucional del Estado.

Abstract

This essay offers a brief reflection on the concept of university autonomy, focusing on addressing two critical issues: a) the implications for public university carries the emergence of a new conception of knowledge, defined as pragmatic, instrumental and utilitarian, b) institute seeks changes in public universities by the government authorities and other agencies (national and international), as part of what may be called a process of transformation of the institutionalism of the State of Costa Rica, that began a quarter century ago and which is developed in synch with the establishment of the country’s new economic model of trade openness, foreign direct investment, “competitive advantage”, “production and export niche”, international free trade agreements.

Keywords: university autonomy, public university, globalization, knowledge society, institutional transformation of the state.

PRESENTACIÓN

              La autonomía universitaria ha vuelto a tomar en los últimos años un lugar de primer plano. Así sucede al interior de la universidad pública, pero también en el marco de las visiones que acerca de esta institución expresan una variedad de entidades y actores: autoridades de gobierno, empresariado, medios de comunicación, dirigencias de la educación superior privada, organismos multilaterales e, incluso, hasta las propias instituciones judiciales.

              Son diversas las aristas y dimensiones a partir de las cuales se puede abordar el estudio y la reflexión en torno a la autonomía universitaria: jurídicas, académicas, epistemológicas, pedagógicas, financieras, entre otras. Pero, además, según señala Vaccarezza, la autonomía universitaria es también un concepto polisémico, en la medida que puede llegar a “no ser homogéneo en toda la comunidad universitaria.”

(Vaccarezza, 2006, p. 37). Esa característica de polisemia se puede constatar en las diferencias de acepción y también de rango jurídico que la autonomía universitaria presenta en las universidades de distintos países de América Latina.

              La autonomía universitaria define la naturaleza de la universidad pública como una institución que se unifica “por el contenido universal de su instrucción, por permitir el libre flujo de ideologías y por acompañar la transmisión de los fundamentos científicos a una conciencia humanista de sus fines y consecuencias.” (Confederación Universitaria Centroamericana, 1996, p. 21). La autonomía se manifiesta así y se historiza en su naturaleza como la instancia esencial que da su genuina identidad a la universidad pública. Ella otorga a estas instituciones una naturaleza y una identidad especiales, en el contexto del sistema institucional de la sociedad y de la nación.

              En tal sentido, la finalidad del presente ensayo consiste en abordar la reflexión en torno a la autonomía, a partir de considerarla como la matriz de referencia que dota de una específica identidad académica, institucional, social y cultural a la universidad pública, en el marco de sus funciones sustantivas y de toda la diversa actividad académica que esta institución lleva a cabo. En esta oportunidad, la reflexión que aquí se realiza está enfocada en hacer un análisis acerca de dos aspectos que hoy parecen tener una repercusión neurálgica y crítica para la universidad pública: a) las transformaciones en la concepción del conocimiento que resultan del advenimiento de un nuevo modelo económico, cuya base de productividad y de crecimiento depende cada vez más de la incorporación de conocimiento científico y tecnología; y b) las repercusiones que tienen para la gestión institucional y para el quehacer académico de la universidad pública, las políticas y cursos de acción relacionados con la transformación institucional del Estado costarricense, proceso que se ha venido desarrollando en el país a lo largo del último cuarto de siglo.

UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO

              De manera característica, la concepción del conocimiento en la universidad pública indica que éste es un bien de valor público, cuyas realizaciones han de llevarse a cabo en todas las áreas disciplinarias, sin exclusión ni privilegio por ninguna de ellas. La generación del conocimiento y su puesta a disposición en provecho y para beneficio de la sociedad son funciones que la universidad entiende como una responsabilidad académica e institucional propia. Esto es así, en virtud de su condición de ser una institución de cultura superior, cuya labor académica es de naturaleza integral, dirigida a la mejora de las capacidades del saber y del hacer en todas las dimensiones de actividad de la vida en sociedad: productivas, económicas, sociales, culturales, educativas, institucionales.

              No obstante, en la actualidad, tanto las tendencias de la política pública cuanto las presiones que le interponen distintas entidades y organizaciones externas (públicas y privadas, nacionales e internacionales), le demandan a la universidad adoptar una perspectiva distinta con respecto al saber y a la generación del conocimiento. Tal perspectiva hace énfasis en indicar que, de manera especial, el conocimiento válido y pertinente es aquel que con predominancia puede ser colocado en el mercado de las producciones de la ciencia y la tecnología.

              Según señala R. Barnett (2002, pp. 40/42), de lo que se trata ahora es de la emergencia de una concepción “performativa” del conocimiento, que surge y se instituye en el marco de la globalización económica y de la sociedad del conocimiento. Dicha concepción se configura fundamentalmente en razón de los intereses del mercado y, por ello mismo, su racionalidad es de naturaleza esencialmente pragmática, instrumental, utilitarista. En general, en la sociedad lo mismo que en la universidad: “Los valores de uso están siendo introducidos en nuestros esfuerzos por conocer. Y, con demasiada facilidad, nos convertimos en servidores y transmisores de esta estridente ideología performativa.” (Barnett, 2002, p. 62). Esa nueva concepción del conocimiento conduce a su vez a que se introduzca un correlativo desplazamiento de lenguaje en el discurso sobre la ciencia. Así, por ejemplo, “términos tales como intuición, comprensión, reflexión o sabiduría son dejados de lado y se prefieren, en cambio, otros como habilidad, competencia, resultado, información, técnica y flexibilidad.” (Barnett, 2001, p. 33).

              A la investigación y a la generación del conocimiento en la universidad se les establece ahora una nueva codificación de valor. Ésta se encuentra asociada de manera directa con las disposiciones que la investigación y el conocimiento puedan ofrecer para ser aplicables en las múltiples y diversas instancias de la producción industrial, la incorporación de valor agregado en las actividades económicas, lo mismo que para su intercambio como bienes de mercado. A esta modificación de perspectiva abona también el hecho de que, cada vez más, las actividades relacionadas con la investigación y la generación del conocimiento se estén llevando a cabo ahora fuera de las instituciones universitarias. En Costa Rica, valga decir, quizá ésta no sea todavía una tendencia tan clara, aunque sí se puede observar una incipiente avanzada, a raíz de algunas acciones que han empezado a emprender una que otra de las empresas multinacionales de la IED instaladas en el país.

              La nueva racionalidad performativa estipula asimismo que la investigación y los resultados de investigación se guíen por las directrices que les instituyen los indicadores y estándares internacionales de calidad, asociados con criterios de eficiencia y competitividad e inscritos en la lógica de la propiedad intelectual y de los registros de patentes. Por esas nuevas vías de universalización de la ciencia y la tecnología, la investigación y los resultados de investigación pasan a convertirse en variables independientes respecto de las especificidades históricas, culturales y societales que identifican a cada sociedad y a cada país. Los indicadores y estándares internacionales de calidad instituyen una certificación globalizada del conocimiento, que tiende a orillar y a poner en condición de menosprecio los acervos de las culturas de investigación y científicas nacionales.

              Así, por ejemplo, en materia de evaluación de la investigación, según señalan Tünnermann y de Souza, durante los últimos años esa tarea “dejó progresivamente de ser hecha por los pares y pasó a ser determinada por los criterios de la eficacia y la competitividad (…).” (Tünnermann y de Souza, 2003, p. 3).

              Sin embargo, no bastaría con que la universidad se esforzara por llevar a cabo acciones para vitrinizar la actividad de investigación a escala internacional, buscando con ello mejorar su posición en los registros de los “rankings” mundiales de universidades. Esos rankings están estrechamente asociados con la “nueva investigación científica”, cuyos indicadores de base están referidos a directrices de competitividad y de mercado. La calidad de la investigación que realiza una universidad pública no está en razón de los indicadores y estándares pragmáticos y utilitaristas que, en el presente, instituye el mercado transnacional de la ciencia y la tecnología. Lo está, precisamente, en la contribución que dicha investigación proporciona a la solución de las necesidades comunes de la sociedad y del desarrollo nacional. Según señala Y. González García:

Nuestra posición es clara. No basta la transferencia interesada ni la investigación propuesta por “el otro”. El verdadero desarrollo solo se puede alcanzar si se hace investigación y si se generan conocimientos autóctonos; si se hace investigación y se perfeccionan las técnicas; si se hace investigación básica y aplicada y si se mejoran las condiciones de un ámbito específico; si se hace investigación y se divulga y difunde entre los ciudadanos. (González García, 2006, p. 133).

              Una orientación que emerge como marco de referencia para establecer esos indicadores y estándares, es la de instituir universalmente la concepción de la ciencia propia de los países anglosajones, según la cual pueden ser calificadas como ciencias predominantemente “las ciencias naturales y las ingenierías (i. e. ciencias naturales, agrícolas, médicas y las técnicas)...” (Proyecto Estrategia Siglo XXI, 2006b, p. 9).

              G. Neave, en su lugar, califica esta situación como la de aparición de un nuevo universalismo del conocimiento, que se caracteriza por ser de naturaleza esencialmente técnica y por estar asociado de manera directa con el mercado y con las heurísticas de la “economía global”:

[…] el nuevo universalismo es técnico. Hasta cierto punto ya no depende de las circunstancias nacionales. (…) El nuevo universalismo se relaciona naturalmente con una economía global incipiente; en realidad, es una de las condiciones determinantes de su surgimiento. (…) este fenómeno desplaza al mismo tiempo a las humanidades del lugar preponderante que ocuparon durante los últimos cuatrocientos años: el estudio humanista entendido como la expresión inminente de lo universal. (Neave, 2001, p. 46).

              A partir de una asunción invertida de su valor académico, cognitivo, educativo y cultural, la desvirtuación de las Humanidades señalada por G. Neave, en un caso como el del Banco Mundial (BM), ese organismo la valora en su lugar como una condición que la universidad debe resolver, precisamente en razón de que la autonomía universitaria tiene que estar enmarcada dentro de una práctica de responsabilidad social. El BM subraya que la universidad incurre en una práctica socialmente irresponsable de la autonomía, cuando esta institución mantiene la inversión de recursos en áreas disciplinarias que, como lo son las Humanidades y las Artes, según afirma ese organismo, en la actualidad para lo que sirven es a lo sumo para que se continúe formando futuros “cesantes ilustrados”. (Banco Mundial, 2000, p. 26).

El discurso refiere a la “autonomía responsableˮ como aquella que lleva a la universidad a atender el interés general más que “sus propios fines e intereses como corporación” (...), y como autonomía relativamente limitada en el sentido en que se articula con el control y orientación del estado de manera indirecta. (Vaccarezza, 2006, p. 39).

              Otra cuestión importante que también destaca R. Barnett, imbricada en relación íntima con la anterior, es la de que, además, hoy toma configuración una tendencia que se orienta a diluir las fronteras entre lo que él denomina “la pureza y la aplicación” de los conocimientos. (Barnett, 2002, p. 60). No se trataría, en tal sentido, tan solo de que, por ejemplo, se menosprecien y marginen algunas áreas de conocimiento (entre ellas la de la educación), en razón de privilegiar aquellas otras que supuestamente han venido a ser potenciadas por las actividades de las empresas multinacionales de la IED, sino que, al mismo tiempo, incluso las Humanidades y las Artes pasan ahora a concebirse y a validarse también en términos igualmente performativos. A esas áreas se les puede otorgar un valor importante, en la medida que orienten su actividad a aportar al mercado una oferta de profesionales con especialización para atender las necesidades de la publicidad y la mercadotecnia.

              La semiótica, por ejemplo, puede parecer un estudio desinteresado de los signos, pero ha terminado por adoptar un carácter pragmático, gracias, en parte, al poder de sus propias percepciones. Ahora se admite que hacer progresos y seguir adelante depende en parte del poder de los signos y, ya sea en la publicidad y el marketing, o en la autorepresentación, a la semiótica se le está dando un valor de uso que no habría podido ser aprehendido previamente. (Barnett, 2002, p. 62).

              La transformación performativa de la concepción del conocimiento acarrea asimismo una situación de “fragmentación del capital cognitivo de la sociedad.” (Barnett, 2001, p. 34). Dentro de la universidad, esto puede llegar a traducirse en una mayor desarticulación de la comunidad académica, separada en compartimentos estancos y que, en razón, por ejemplo, de obtener recursos, introduce una relación de competitividad de mercado dentro de la propia comunidad universitaria. Las diferentes unidades académicas se vuelven competidoras entre sí por el acceso a recursos para infraestructura, equipamiento, contratación de personal y para atender otras necesidades. No es difícil darse cuenta de que la autonomía universitaria empieza a acusar dificultades, ahí donde emerge y se desarrolla en la universidad una interacción de competitividad, que soslaya las relaciones de colaboración académica solidaria y que, por consiguiente, entorpece la sustentación de una comunidad universitaria integrada. Y, valga decir, ahí donde existe una comunidad académica disgregada y que compite entre sí, la autonomía universitaria se debilita y agrieta. Una autoridad universitaria puede hacer una utilización clientelar de los recursos, con la intención de manipular las conciencias y en razón de sus propios intereses de preservación. Y esa misma autoridad universitaria puede incluso escribir doctos discursos en defensa de la autonomía universitaria.

              En la universidad pública, las distintas áreas de conocimiento poseen cada cual su propia especificidad de cultura académica. Cada una de ellas es depositaria y generadora de referencialidades epistemológicas y de culturas de investigación que les dan su específica identidad y que las distinguen entre sí. Se ha sugerido en algunas ocasiones que la competitividad contribuye a la mejora continua de la calidad del quehacer académico que se desarrolla en la universidad. No obstante, cabría no olvidar que por la vía de la competitividad, en un caso como el de la investigación, la tendencia actual es a establecerle cada vez una mayor vinculación con demandas, intereses y agendas externas, que impactan en la autonomía del conocimiento y, por consiguiente, también en la autonomía universitaria. Antes que de una investigación anclada en la consideración del conocimiento como un bien público y que tiene un valor en sí mismo, de lo que se trata ahora es de privilegiar y encuadrar el potencial de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de lo que ha pasado a denominarse como la articulación de “derrames de conocimiento”, valorados como importantes en la medida que, según se dice, facilitan la generación de “externalidades positivas” para fortalecer el desarrollo económico y para mejorar el posicionamiento de la economía nacional en los contextos del mercado global. (Monge y Otros, 2012, p. 3).

              A tal efecto, cabe rescatar aquí lo que señala R. Barnett:

Los mercados, la tecnología de la información, el señuelo de las patentes y la transferencia de tecnología y la multiplicación del capital económico de la sociedad, así como otros muchos rasgos, señalan la inserción de la universidad en los valores y actividad del resto del mundo, del que ya no se encuentra separada y del que reconoce sus aspiraciones y cae en las arenas movedizas del saber y ser en ese mundo. (Barnett, 2002, p. 40).

              La cita anterior toma un interés especial aquí, a propósito de una preocupación esbozada por la Asociación Estrategia Siglo XXI, en sus documentos de diagnóstico y prospectiva sobre la ciencia y la tecnología en Costa Rica publicados en el año 2006. La Asociación Siglo XXI se refiere en esos documentos a la problemática de la financiación de la ciencia y la tecnología, acerca de lo cual señala que en el país:

[…] se han creado una serie de agencias semi públicas o que manejan fondos públicos, que también han dinamizado la transferencia del conocimiento hacia los fines productivos de las empresas.

Sin embargo, aún no se puede hablar de un mercado de conocimientos y servicios científicos y tecnológicos que tienda a un modelo de mercado perfecto (muchos oferentes y demandantes, donde la oferta es halada por la demanda) debido a debilidades estructurales, entre ellas el poco desarrollo de un mercado paralelo para el financiamiento de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). (Proyecto Estrategia Siglo XXI, 2006b, p. 35).

              La UNESCO, a diferencia de una orientación como la que se genera desde los contextos del mercado, en distintas ocasiones ha hecho énfasis en la necesidad de desarrollar en la universidad una actividad académica de mayor integración inter, trans y multidisciplinaria, así como “establecer un equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la orientada a objetivos específicos.” (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998, p. 24).

              La visión planteada por la UNESCO toma como punto de partida la constatación de que los grandes problemas que hoy afectan a las sociedades son de magnitud global, razón por la cual se requiere de una investigación y de un conocimiento que trasciendan la simple especialización técnica, de orientación pragmática e instrumental. La investigación sobre temas como el calentamiento global, nuevas fuentes de energía, la crisis agroalimentaria, las enfermedades, entre muchas otras, señalan problemáticas cuyo abordaje amerita de una investigación al mismo tiempo fundamental y aplicada, que a la vez esté liberada de interferencias que la puedan condicionar en sus orientaciones, programas y resultados. Esa investigación debe contribuir también a que los problemas sean abordados de una manera compartida, colaborativa, bajo intercambios interinstitucionales e internacionales basados en la cooperación y la solidaridad, de manera tal que todas las naciones sean partícipes de los beneficios que por medio de tal investigación se puedan generar y obtener. La investigación a realizar debe hacerse también atendiendo el horizonte del largo plazo, además de incluir una visión y un abordaje integral de las problemáticas planteadas.

              La sociedad requiere contar con el aporte de la investigación científica en todas las áreas del conocimiento, lo mismo que investigación básica y aplicada para atender las necesidades de la coyuntura y del largo plazo. El conocimiento que desarrolla la investigación universitaria no debiera ser tampoco fragmentario, ni su generación estar regida por las demandas coyunturales que se le puedan interponer desde las instancias del mercado. Además de enfocarse en la búsqueda de soluciones a los problemas cruciales que afectan a la sociedad, de igual manera la investigación ha de contribuir a proveer de hallazgos y marcos de referencia que abonen en avanzar hacia el logro de una mejor comprensión integral del mundo y de la vida. La universidad pública debe “aportar el contingente de sus experiencias y de sus luces a la solución de los problemas nacionales y de cuantos preocupen a la sociedad que la sostiene y le dispensa su confianza.” (Galdames, 1935, p. 33). La autonomía universitaria, en su lugar, según su propia naturaleza, debe garantizar el desarrollo de una investigación y de un conocimiento cuya medida de valor esté dada por su propia, múltiple y libre potencialidad, así como por su pertinencia social y por los beneficios que sus diversas realizaciones proporcionan a la sociedad.

              En el marco de la así denominada “economía del conocimiento” (Banco Mundial, 2000, p. 17), también aparece la idea de que los sistemas económico/productivos nacionales requieren dedicarse ahora a desarrollar la innovación, como requisito indispensable para encarar la vertiginosa obsolescencia que hoy caracteriza a las realizaciones de la ciencia y la tecnología: “Los ciclos de los productos son más cortos y la necesidad de innovación es cada vez más inminente.” (Banco Mundial, 2003, p. xvii). En el actual mercado global logran ingresar y tener éxito aquellas naciones que sean capaces de generar las condiciones necesarias (de infraestructura, formación de “capital humano”, empresas de base tecnológica y otras acciones) para el desarrollo de capacidades locales de innovación, a escala de productos, procesos y servicios.

El concepto de “innovaciónˮ, tal como es utilizado en el campo de ciencia y tecnología, proviene en general de los economistas, preocupados por las maneras de volver las empresas y los países más eficientes y productivos, en un ambiente competitivo, llevando a la creación de un amplio conjunto de nuevos mecanismos institucionales y financieros para estimular a las empresas a conectarse con las universidades. (Schwartzman, 2008, p. 11).

[…] la innovación empieza con la nueva investigación científica, progresa secuencialmente a través de las etapas de desarrollo, producción y mercadeo del producto, y termina con la venta exitosa de nuevos productos, procesos y servicios. Ahora se reconoce que las ideas para la innovación pueden ramificarse desde muchas fuentes, incluyendo nuevas capacidades de manufactura y el reconocimiento de las necesidades del mercado. (Proyecto Estrategia Siglo XXI, 2006a, p. 24).

              La “nueva investigación científica” a que hace referencia la cita anterior es la que corresponde al modelo propuesto hace ya más de dos décadas por M. Gibbons y asociados. En ese modelo, el conocimiento “tiene la intención de ser útil para alguien, ya sea en la industria o en el gobierno o, más en general, para la sociedad (…) El conocimiento se produce siempre bajo un aspecto de negociación continua, y no será producido a menos y hasta que se incluyan los intereses de los diversos actores.” (Gibbons y Otros, 1997, p. 15). En consecuencia, las políticas públicas nacionales deben incorporar la innovación como la matriz heurística alrededor de cuyo eje han de integrarse bajo una misma orientación las empresas, el mercado, las unidades de investigación y las propias instituciones universitarias. (Proyecto Estrategia Siglo XXI, 2006a, p. 24). En la óptica del modelo de Gibbons y asociados:

[…] las instituciones de investigación están estrechamente asociadas o vinculadas a los usuarios -empresas, agencias de gobierno, proveedores de servicio, formando lo que más tarde se llamó “the triple helixˮ [la triple hélice] (.); los incentivos se basan en los productos prácticos, reales o esperados; los resultados de la investigación son apropiados privadamente; y la secuencia de producción lineal es quebrada, siendo el conocimiento desarrollado en el contexto de las aplicaciones. (Schwartzman, 2008, p. 9).

              En íntima asociación con la innovación, otro principio que también pasa a tomar una posición de privilegio lo es el de la competitividad. Uno al lado del otro, complementándose e interactuando sincrónicamente, estos dos principios no están tampoco únicamente referidos a las actividades que se desarrollan en el marco de los sistemas económico/productivos. Se les releva igualmente como principios que deben ser asumidos por las propias instituciones del Estado y, de manera especial, por las instituciones del sistema educativo y de la educación superior.

              En el plano de la educación, la innovación y la competitividad se propone por igual que abarquen tanto las tareas de la gestión académica e institucional, así como que sean incorporados en la propia definición pedagógica y en la organización curricular del proyecto educativo. Además de presentar los esquemas de la gerencia empresarial basados en la eficiencia, la eficacia y los rendimientos econométricos, emerge a la vez una nueva propuesta pedagógica que se enmarca en esos mismos principios: el así denominado “enfoque por competencias”. Esta nueva propuesta pedagógica, organizada curricularmente de manera modular y promovida originalmente por la Unión Europea en el marco del Proyecto Tuning, busca instituir una nueva direccionalidad heurística al diseño y a la organización curricular de los planes de estudio. (Beneitone y Otros, 2007, pp. 12/15).

              En principio y de conformidad con sus específicas disposiciones misionales, la universidad pública ha de buscar que el conocimiento que en ella se genera tenga una definición social y cultural propia y apropiada; que sea un conocimiento contextualizado, respetuoso y en íntima relación significativa con las especificidades históricas, societales y culturales que caracterizan la múltiple y compleja identidad de la sociedad; y, además, que posea y mantenga una naturaleza y una orientación humanísticas. La universidad no acoge únicamente la función de generar y difundir conocimientos. Ella asume también la responsabilidad de que esos conocimientos lleguen a todos los sectores de la sociedad y de que los beneficios que ellos aportan contribuyan a mejorar las condiciones necesarias, presentes y futuras, para el logro del bienestar en general de la colectividad nacional.

              La autonomía universitaria pasa a quedar inscrita en una situación de vulnerabilidad, ahí donde se modifica la concepción del conocimiento y cuando los principios que le dan su definición pasan a quedar atados a los intereses del mercado.

Más allá y por encima de cualquiera concepción con que se quiera dar cuenta de lo que el conocimiento o la ciencia puedan ser y significar, para la universidad pública lo fundamental ha de ser el pensamiento en sí mismo y la potencia del pensamiento en sí misma. En esto consiste su condición de ser una institución de cultura superior.

              La investigación que la universidad pública realiza tiende hoy a verse acechada por las presiones que recibe de parte del mercado global del conocimiento y de la tecnología, que privilegia determinadas áreas disciplinarias y que se basa en una “racionalidad instrumental” y utilitarista (Freitag, 2004, p. 60). El mercado instaura una concepción pragmática de la investigación y del conocimiento, que privilegia la dimensión de las aplicaciones y que tiende, por consiguiente, a desplazar la investigación básica de carácter “desinteresado” (Barnett, 2002, p. 48), para transformarla en investigación aplicada que se organiza y enrumba en razón de las demandas de la empresa y del mercado de la ciencia y la tecnología.

              R. Barnett sostiene que hoy la universidad ha pasado a quedar inscrita en una situación de “vorágine discursiva”. (Barnett, 2002, p. 49). A su juicio, la universidad se encuentra colocada en la disyuntiva de optar por subordinarse a la racionalidad performativa e instrumental que le instituyen el mercado y la globalización económica o, en su lugar, preservar su original condición como institución que cumple una misión civilizadora en la sociedad. Y, en tal sentido, el lenguaje con el que hoy se habla acerca de la universidad y de sus diversas funciones, ha pasado a adquirir una condición de ambigüedad. Así, por ejemplo, son muy distintas las acepciones que en la universidad pública tienen conceptos como los de evaluación y acreditación, en relación con las que por su parte utilizan otras instituciones y entidades.

              Se le estipula así a la universidad pública una agenda de investigación que sea acorde con las necesidades de insumos de conocimiento y de tecnología que las empresas ameritan resolver para elevar sus capacidades de innovación y de competitividad de cara a su inserción en el mercado global. A la universidad se le demanda ser eficiente y eficaz en la prestación de este tipo de servicios, además de que debe también especializar sus líneas de investigación y de producción de tecnología, en razón de aportar al sistema económico nacional para el desarrollo de las ventajas competitivas y de los nichos de exportación que el país requiere desarrollar para posicionarse en el contexto de la economía global. La ambigüedad conceptual ya antes indicada vuelve a hacer aquí acto de presencia, ahora referida a la propia concepción del conocimiento y de las finalidades a que en la universidad responde la investigación que en ella se lleva a cabo.

RECENTRALIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y UNIVERSIDAD PÚBLICA

              Las instituciones, cualquiera sea su naturaleza y función, son construcciones histórico/ sociales y culturales. Alcanzan a tener estabilidad en el tiempo y adquieren su legitimidad a través de diversas disposiciones que las definen e identifican. Dentro de tales disposiciones destacan, de manera especial, las regulaciones consignadas en los regímenes jurídicos y constitucionales. Sin embargo, además de su formalización normativa, las instituciones se caracterizan también por constituir y ser la expresión de una compleja multiplicidad de relaciones, que son las que en última instancia les vienen a dar su más genuina sustentabilidad histórica, societal, política y cultural.

Las instituciones -y particularmente las educativas son formaciones sociales y culturales complejas en su multiplicidad de instancias, dimensiones y registros. Sus identidades son el resultado de procesos de interrelaciones, oposiciones y transformaciones de fuerzas sociales y no de una identidad vacía o tautológica de la institución “consigo misma”. (Garay, 1996, p. 129).

              Ocurre de igual manera que las instituciones, en virtud de la estabilidad que alcanzan a lograr, se pueden preservar en el tiempo, aun cuando incluso ya ni siquiera desempeñen las funciones para las cuales fueron originalmente creadas. Es claro que toda institución requiere de transformaciones frecuentes, conforme la sociedad va desarrollando ella también sus propias transformaciones. En sí misma, la transformación de una institución tampoco indicaría, por consiguiente, que deba ser para abandonar sus finalidades originales, sino más bien para actualizarlas y mejorarlas.

              Desde sí misma, en su lugar, la transformación de una universidad pública puede estar referida a una multiplicidad de razones. Por la naturaleza dinámica misma del pensamiento y de la sociedad: “No se requieren consideraciones más hondas para comprender hasta qué punto es seguro afirmar (…) que una Universidad esté completa y no patrocine reformas más o menos trascendentales en frecuentes lapsos.” (Galdames, 1935, p. 54). La universidad puede impulsar transformaciones que conduzcan a una mejor organización y definición de sus finalidades y funciones sustantivas, para actualizar y hacer más pertinente la oferta académica, diseñar estrategias y mecanismos que favorezcan una mayor democratización del acceso a la educación superior, ampliar y fortalecer los programas y proyectos de investigación y de acción social, fortalecer la pedagogía de la formación integral, mejorar la puesta de los conocimientos y los servicios de la universidad al alcance de los diferentes sectores de la sociedad.

              Sin embargo, también puede ocurrir que las reformas en una universidad pública no tengan por finalidades las anteriores. Antes bien, podrían tener un énfasis, por ejemplo, en proveer a la institución de una mayor vitrinización en el mercado de las titulaciones de la educación superior, por medio de optimizar sus capacidades y ajustar las estrategias para incursionar con un mejor posicionamiento en el mercado de las titulaciones de educación superior. Así, en dado caso, se trimestraliza y modulariza la estructura curricular de los planes de estudio.

              Durante al menos el último cuarto de siglo, la instauración en Costa Rica de un modelo económico basado en la apertura comercial, la inversión extranjera directa (IED), la suscripción de tratados internacionales de libre comercio, la producción interna para el mercado global y el desarrollo de ventajas competitivas y de “nichos de producción y exportación” (Gobierno de Costa Rica, 2010, p. 27), ha venido a representar la emergencia de un proceso de transformaciones institucionales amplio y complejo. La universidad pública ha sido incluida también en ese proceso. Tanto desde la política pública como de parte de diversos actores externos, a esta institución se le busca instituir ahora una variedad de cambios, que reavivan la tradicional tensión siempre presente en las relaciones que la universidad mantiene con las instituciones de su entorno (Vaccarezza, 2006, p. 34), especialmente con las de gobierno.

              En Costa Rica, la universidad pública es una institución que desde los inicios de su creación impulsó una actividad continua y sistemática de colaboración con todas las entidades que conforman el sistema institucional del Estado. Esa misma dinámica también la ha desarrollado en las relaciones que ha establecido con otra diversa gama de entidades, públicas y privadas. (González García, 2006, p. 157).

              La autonomía, en su lugar, le da a la universidad la sustentación que ella necesita para el desarrollo de esas diversas relaciones, siempre con la vista puesta en mantener una perspectiva apropiada e integral acerca de las problemáticas que afectan a la sociedad y al país. Se busca que las actividades que ella lleva a cabo y las contribuciones que brinda a la sociedad, tengan siempre y por encima de todo el bien público como su más genuina, apropiada e insoslayable finalidad y razón de ser.

              El proyecto académico que la universidad asume y se propone no queda encapsulado en una estrecha preocupación por atender las demandas eventuales o de coyuntura que le puedan ser planteadas de manera restringida por parte de determinadas instancias actorales de la sociedad, sean éstas de la naturaleza que sea.

              La autonomía universitaria le da a ese proyecto académico la base necesaria para conservar la independencia que se requiere, respecto de las directrices que se le pudieran querer imponer desde afuera, preservando con ello la libertad de pensamiento y de expresión, así como dando cobertura a la propia autonomía del conocimiento. A tal efecto, cabe decir que existe una emblemática determinación definida para el conocimiento que se genera en la universidad: constituir un bien público, tener una finalidad de pertinencia social que trascienda los intereses particulares y que responda en última instancia a la democratización del acceso al conocimiento, así como para la construcción de mejores condiciones de vida que alcancen a tener una repercusión de beneficio para todos los sectores de la sociedad en su conjunto.

              Según subraya Baudrit, el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica le instituye seis atribuciones a la universidad pública, en razón de la observancia de la autonomía universitaria:

[…] 1) independencia en sus funciones, 2) capacidad jurídica plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, 3) capacidad jurídica plena para darse su propio gobierno, 4) capacidad jurídica plena para darse su propia organización, 5) patrimonio propio o hacienda universitaria, 6) financiación del Estado. (Baudrit, 2009, p. 3).

              Además:

La creación por parte de la Constitución Política de la naturaleza jurídica propia de la Universidad de Costa Rica viene a destacar (…) que su personalidad jurídica es originaria. Es decir, que su existencia y su alto rango jurídico no derivan de la Administración estatal, ni se desprende de un acto legislativo. En este sentido, la Universidad de Costa Rica no puede ser considerada como un ente público menor, esto es, como un ente público de menor jerarquía a la que corresponde a la Administración central. No existe tal relación jerárquica, tal relación de dependencia o subordinación. (Baudrit, 2005, p. 7).

              Las atribuciones constitucionales conferidas a la universidad pública, no obstante, recalca Baudrit, han venido estrechándose en el marco de lo que él denomina como un proceso de “recentralización” de las instituciones del Estado costarricense, cuya fecha de inicio puede datarse tres décadas atrás. Ese proceso, según indica este mismo académico, ha sido encomendado y asumido de manera especial por la Contraloría General de la República (CGR).

              En la óptica de Baudrit, la jerarquía jurídica de la universidad pública no puede ser asimilada a las finalidades y funciones que le hayan sido interpuestas a cualquiera otra institución del país. Esta es una diferencia sustantiva, que en la actualidad los cursos de acción impulsados por la CGR tienden a difuminar y a enrarecer. Y, en la medida que se le transfieran y busque instaurar en la universidad las codificaciones, por ejemplo, de una racionalidad organizacional y de rendición de cuentas que no son propiamente las que a ella corresponden, se ve desvirtuado el estatuto constitucional e institucional que le es propio. La autonomía universitaria, en su lugar, pasa con ello a verse colocada en una situación de acecho y de deslegitimación.

              Señalaba R. Frondizi hace ya cuatro décadas, que los factores que menoscaban la autonomía universitaria, “por ser de orden extrauniversitario, perturban el funcionamiento normal de la institución.” (Frondizi, 1971, p. 273). En la actualidad, dentro de los cambios que desde la política pública y otras instancias se le busca instituir a la universidad pública, los hay que apuntan en diferentes direcciones: a) revisión y modificación del proyecto de formación, en términos curriculares (modularizar), de oferta académica (incrementar la oferta de carreras técnicas) y de enfoque pedagógico (competitividad, espíritu de innovación, emprendedurismo); b) redireccionamiento de la investigación, en clave de innovación y mayormente vinculada a las necesidades de la empresa, además de concentrarse en aquellas áreas que han sido definidas por las políticas de gobierno como prioritarias, en razón de los presuntos nichos de producción y exportación que, según se dice, han venido a potenciar las actividades de las empresas multinacionales instaladas en el país bajo el régimen de zonas francas y de la inversión extranjera directa (IED); c) diversificar

y profundizar las acciones para la obtención de mayores recursos propios por medio de la venta de servicios; d) incorporar la eficiencia en la gestión académica e institucional, como un requisito para racionalizar el gasto y ajustar la rendición de cuentas universitaria a indicadores econométricos; entre otras varias directrices más.

              Se reclama a la vez que la universidad pública ha pasado a ser una institución excesivamente costosa, además de que es lenta para promover y llevar a cabo los cambios que se requieren para su necesaria modernización. Ya desde la década de 1980, en el marco de los Planes de Ajuste Estructural (PAE’s), se empezó por poner en cuestión a la universidad pública, calificándosela de ser una institución “torre de marfil”. Se ponía el acento en que la universidad pública presentaba una estructura de gestión y un proyecto académico que empezaban a quedar ya obsoletos, en razón de las nuevas agendas que para esta institución habían comenzado a gestarse en el marco de un nuevo modelo económico emergente.

              Finalmente, cabe decir que el proceso de recentralización de las instituciones del Estado costarricense señalado por Baudrit, al igual que lo hace con todo el conjunto de las instituciones públicas del país, busca instituirle una direccionalidad de organización empresarial también a la gestión y al desempeño de las universidades públicas. Esa orientación está anclada en las políticas de privatización de los servicios e involucra una heurística basada en los principios de la eficiencia, la eficacia y los rendimientos econométricos en las tareas de la administración. La orientación que se sigue, denominada hace algún tiempo “reingeniería”, es la de allegar a las instituciones públicas e instituir en ellas la lógica de la gerencia propia de una organización empresarial, antes que lo que podría llamarse propiamente la gestión de una institución. Ésta es una de las más sustantivas implicaciones de lo que significa el proceso de recentralización de las instituciones del Estado costarricense y que, en su lugar, se ha buscado instaurar también en las universidades públicas.

CONSIDERACIONES FINALES

              La autonomía universitaria no se reduce únicamente a la independencia que por disposición constitucional le ha sido conferida a la universidad pública. Ésta es la dimensión formal de la autonomía y la que, por principio, define los contornos jurídicos con base en los cuales la universidad posee asignada una específica identidad y jerarquía institucional. Pero si la autonomía solo se la tomara en cuenta en el plano de esta dimensión formal, es muy probable que antes que favorecer a la universidad, más bien quizá la podría colocar en un riesgo importante.

              A partir de las políticas públicas por medio de las cuales se ha venido instituyendo en Costa Rica la recentralización de las instituciones del Estado, que también cabría denominar como contrarreforma institucional del Estado Social de Derecho, la universidad pública ha sido puesta en cuestión de manera recurrente, especialmente en lo que concierne al ejercicio de la autonomía universitaria. Al respecto, se ha llegado a señalar que la autonomía representa un obstáculo que impide el desarrollo de una adecuada y necesaria transformación de la universidad. (Banco Mundial/ Gobierno de Costa Rica, 2009, p. 25).

              La demanda planteada a la universidad consiste en que ella haga un ejercicio positivo de la autonomía universitaria. Se acusa a esta institución de ser muy lenta en el desarrollo de las transformaciones necesarias, donde existe además una comunidad académica que presenta excesivas resistencias al cambio. A ello se agrega la indicación de que por la particular estructura de gestión y de distribución de los poderes que existe en la universidad, eso no le permite ser oportuna, eficiente y eficaz en la toma de decisiones. Estaría adoleciendo la universidad de una excesiva e inoperante dinámica de deliberación y una laxitud de participación que entorpecen y dificultan el desarrollo de los cambios.

              Se argumenta, en consecuencia, que la universidad, en razón de presentar y mantener tales condiciones organizativas y de gestión, no está haciendo otra cosa más que quedarse rezagada, perdiendo sus actividades académicas pertinencia con respecto a las necesidades que hoy la sociedad le demandas atender. Así, por ejemplo, se señala que por sustentar ese ejercicio deliberativo y poco positivo de la autonomía, la universidad mantiene un proyecto de formación cuya estructura curricular ahora ya es obsoleta, innecesariamente extensa y que, por esto mismo, involucra un costo elevado que no tiene justificación. A tal efecto, una aplicación positiva de la autonomía tendría que ser la de “racionalizar el gasto” y proceder a efectuar las correspondientes intervenciones quirúrgicas en las trayectorias curriculares de los planes de estudio.

              No obstante, en su dimensión académica, la autonomía universitaria está relacionada con todo un proyecto de sociedad, que involucra una concepción de universidad en sentido amplio, donde convergen todas las diversas áreas del conocimiento y, de la misma manera, donde le conocimiento, más allá de las propias condiciones que le sean necesarias para su más amplia y pertinente actividad de generación, difusión y puesta al servicio de la sociedad y de las necesidades del desarrollo nacional, tiene como su referencialidad privilegiadas la naturaleza crítica, reflexiva y dialógica del pensamiento.

Cuando se habla de autonomía universitaria, entonces, no solamente estamos hablando de una categoría “objetivaˮ, perteneciente al derecho positivo, sino también de la producción de significaciones en el campo de interacciones sociales en el que se despliegan las instituciones de la sociedad. (Vaccarezza, 2006, p. 33).

              La representación que la autonomía universitaria adopta se juega así en el marco de las relaciones específicas (institucionales, históricas, políticas, culturales, societales), en las que en cada caso le corresponde a la universidad asumir sus funciones y tareas.

[…] la relación actual ente la universidad y la sociedad expresa la “acumulación flexible del capital” o la globalización bajo la hegemonía del capital financiero, a la vez que expresa también la presencia de la ideología posmoderna. Eso significa que la autonomía de la universidad pública, antes definida por la recusación de la tutela religiosa y estatal, ha de ser definida ahora como rechazo de la tutela empresarial y financiera (que, como observamos más arriba, son antidemocráticas y desprecian la idea y la práctica de la formación intelectual). Si, en el pasado, parecía imposible liberarse de la tutela religiosa y estatal, hoy parece imposible liberarse de la tutela empresarial y financiera, una vez que el saber se transformó en fuerza productiva y es inseparable del movimiento mundial del capital. (Tünnermann y de Souza, 2003, p. 10).

              Se entiende que la autonomía universitaria es constitutiva e inseparable de todas las actividades académicas que se llevan a cabo en la universidad. Más allá de sus alcances en tanto figura jurídica, la autonomía es un concepto esencialmente académico. Precisamente por serlo es que se constituye en figura jurídica y no al revés. Pero la figura jurídica, en la medida que remite a un atributo de validez formal, no es otra cosa más que eso: indica modos de actuación en la relación que la universidad mantiene con las autoridades de gobierno y con el sistema institucional del país. Sin embargo, si la autonomía universitaria estuviera únicamente referida a su dimensión jurídica, entonces puede muy bien ser incluso falseada desde dentro de la propia universidad y el discurso universitario sobre la autonomía se vuelve retórico y espurio.

              A raíz de las nuevas condiciones y realidades estructurales en las que ahora le corresponde a la universidad llevar a cabo sus funciones y tareas, se vuelve más significativa y pertinente la autonomía universitaria. En su condición de conciencia lúcida, la universidad no puede, por ejemplo, rendirse a los dictados que a propósito de su proyecto de formación y de su oferta académica se le buscan imponer desde el mercado de trabajo. La universidad requiere disponer de un ejercicio dinámico de la autonomía, para poder desarrollar las acciones que le permitan orientar a la sociedad y aportar al desarrollo del país, con base en sus propios análisis acerca de las necesidades del desarrollo nacional. Una universidad que no pueda hacer esto es una institución que no cumple a cabalidad con su misión, en tanto universidad.

              La libertad de pensamiento y de expresión que es consustancial a la universidad pública prevalece siempre bajo una condición de crisis. La búsqueda de la verdad, la belleza, el bien y la justicia, horizontes de la universidad en su condición como institución de cultura superior, nunca dejan de tener esa naturaleza de horizonte. Y es aquí precisamente donde reside la atribución esencial de institución humanística que caracteriza a la universidad pública. Ella, al igual que la sociedad, nunca es una entidad acabada, hecha ya de por sí bajo una esencia inmutable. La autonomía universitaria, en su lugar, constituye la matriz esencial en la que se sustenta la búsqueda permanente que la universidad pública desarrolla, en razón del mejoramiento de sus funciones y de su quehacer académico.

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