Administrar lo público 2https://hdl.handle.net/10669/820172024-03-28T16:19:00Z2024-03-28T16:19:00ZLa participación de una agenda política al desarrollo nacional costarricense: reflexiones desde el sector de ordenamiento territorial y vivienda; sector de ambiente, energía y telecomunicacioneshttps://hdl.handle.net/10669/822422021-08-23T18:01:35Z2014-01-01T00:00:00ZLa participación de una agenda política al desarrollo nacional costarricense: reflexiones desde el sector de ordenamiento territorial y vivienda; sector de ambiente, energía y telecomunicaciones
El presente estudio de caso consiste en una continuación al caso publicado en la primera
versión del libro: “Administrar lo público”, denominado: Política pública de vivienda: el caso de su
dinámica y evolución en el ordenamiento territorial del Valle Central de Costa Rica.
Una de las principales conclusiones del estudio de caso publicado, se orienta hacia la
pregunta: ¿Existe una relación directa, es decir, causa-efecto, entre el ordenamiento territorial del
Área Metropolitana de San José con la política de vivienda durante el siglo XX? ¿Cuáles son los
factores principales que determinan esta relación? (Alarcón, 2013).
Por lo tanto, después de revisar los antecedentes y establecer algunos hitos, las respuestas
a las anteriores preguntas no fueron posibles, dado a que requiere un abordaje multifactorial
que permita identificar influencias y decisiones provenientes de otros campos y contextos tales
como sociales, económicos y ambientales y así ampliar el análisis hacia el desarrollo nacional
costarricense.
Un ejemplo de ello, es la poca importancia que se le daba a los recursos naturales en
comparación a los recursos minerales que otros países tales como México, Chile y Venezuelatenían y se concebían como explotación hacia el desarrollo. No obstante, principalmente en la
segunda mitad del siglo XX se duda sobre este único modelo de desarrollo, ya que se cuestiona su
fuente de riqueza con pocas o nulas características de sostenibilidad e incapacidad de integrar a
la sociedad en su generación y disfrute de su propio bienestar.
A partir de este cuestionamiento internacional, surgen nuevos enfoques de desarrollo que
integran la participación de los recursos ambientales con los cuales cuenta un país. Tal como
señala Garnier y Blanco (2010) para el caso costarricense “la oportunidad de generar actividades
sociales y económicas a partir de los servicios ambientales que ofrecen nuestros recursos naturales;
fueron abriendo nuevos mercados como el de turismo ecológico, el turismo rural, la investigación
médica y científica en general en los bosques y la venta de servicios ambientales como la fijación
del carbono y protección de cuencas de agua”.
Sin embargo agrega el autor, a pesar de este auge “el proceso ha estado plagado de
contradicciones pues, a lo largo de muchas décadas, la apuesta por un desarrollo agroexportador
o de industrialización sustitutiva se hizo no gracias, sino a costa de esos recursos naturales”. Esta
situación presenta consecuencias en lo ambiental a partir de un desarrollo económico, que se
mide en términos de la misma capacidad de carga de los espacios y recursos ambientales ante
este apogeo.
Esta serie de acciones han promovido la deforestación en pro de las actividades
productivas, el estímulo en el uso de agroquímicos y la disposición irresponsable de los desechos
sólidos, aunado a un desordenado desarrollo urbano que incide en la calidad del ambiente y las
condiciones de salud de la población, provocando tal como señala Garnier y Blanco (2010) las
aguas de río contaminadas, alimentos que contienen un excesivo uso de agroquímicos, deterioro
del paisaje urbano y rural perdiendo estética y recreación, aumento de las condiciones de
vulnerabilidad del territorio (inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.).
Bajo esta perspectiva inicial, se pueden identificar que la situación de relación entre el
ordenamiento territorial y la política de vivienda (como un elemento de incidencia fuerte), puede
verse influenciado por otros aspectos relacionados a actividades principales del desarrollo, tales
como economía y el uso de los recursos ambientales, que al menos dentro de la estructura de
Estado y Gobierno se encuentran insertos en otros sectores.
Por lo tanto, el siguiente caso pretende incursionar al lector con el fin de desarrollar
posteriormente por su parte, las siguientes preguntas conociendo más a fondo sobre la temática
en términos de la participación de una agenda política al desarrollo nacional costarricense desde
las reflexiones del Sector de ordenamiento territorial y vivienda y; Sector de ambiente, energía y
telecomunicaciones:¿Cuáles son los principales cambios institucionales que han tenido cada una de
los sectores?
¿Existe una agenda política para cada uno de los sectores? ¿Qué elementos
contiene? O en su defecto: ¿Existen insumos a nivel sectorial que permita definirla?
¿De qué forma permite una agenda sectorial al desarrollo nacional?
¿Cuáles aspectos de esa institucionalidad y agenda política de cada uno de los
sectores permite constituirse en causas y relaciones hacia las principales acciones
por parte de las instituciones que conforman el sector?
2014-01-01T00:00:00ZUn análisis de la Política Pública en Educación en Costa Rica, período 2006-2012https://hdl.handle.net/10669/822412021-08-25T20:05:03Z2014-01-01T00:00:00ZUn análisis de la Política Pública en Educación en Costa Rica, período 2006-2012
Existen varias definiciones de política pública, en general, las acepciones se refieren a
actividades materiales o simbólicas que gestionan las autoridades públicas. Esta primera definición
se centra en dos elementos. El primero se relaciona con la determinación de los principales actores
de las políticas: las autoridades públicas. El segundo que las políticas públicas, deben tomar en
cuenta acciones concretas y elementos, tales como los simbólicos.
Thoenig (1985) se refiere a “… lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar”. Se hace
énfasis en que la decisión de no actuar ante un determinado problema conforma en sí una
política pública. Por lo tanto, existen definiciones que integran ambos elementos y consideran que
una política pública no es solamente una acción concreta, puede ser una acción simbólica o un
no-programa.
Otro elemento clave de definición se refiere a un conjunto de decisiones, cuyo objeto es
la distribución de determinados bienes o recursos. Es decir, que una política pública no es una
acción aislada, es un proceso, donde se encuentran en juego bienes o recursos que pueden
afectar o privilegiar a determinados individuos y grupos.
2014-01-01T00:00:00ZCaso de estudio. Alternancia política en Costa Rica: la “caja de pandora”https://hdl.handle.net/10669/822362021-08-23T20:12:49Z2014-01-01T00:00:00ZCaso de estudio. Alternancia política en Costa Rica: la “caja de pandora”
La alternancia política es una condición importante, más no existencial de las democracias
contemporáneas; su lógica, funcionamiento y efectos varía sustancialmente entre un sistema
presidencial o parlamentario, aunque la necesidad de comprender este fenómeno tiende a ser
cada vez más necesario en las democracias, sin importar su sistema político.
¿Constituye el cambio político una vía de renovación democrática? La búsqueda del
cambio político es un elemento transversal en cualquier proceso electoral, donde los actores
aplican las reglas de máxima o mínima diferencia -según las preferencias del electorado- en los
temas estratégicos de la agenda pública, para predicar un cambio o continuismo, con miras a
obtener el control del poder.
El discurso social sobre el cambio tiene como trasfondo la alternancia política, es decir,
la necesidad de una renovación de los actores o de sus políticas que inciden en el modelo de
desarrollo del país. Por esta razón, se puede identificar una fuerte diferenciación entre el llamado
a la alternancia en tiempos pre-electorales, versus los momentos post-electorales
2014-01-01T00:00:00ZCaso de estudio. Los Fideicomisos para el desarrollo de Obra Públicahttps://hdl.handle.net/10669/822352021-08-23T19:52:44Z2014-01-01T00:00:00ZCaso de estudio. Los Fideicomisos para el desarrollo de Obra Pública
Por lo general los procesos de contratación administrativa son el único mecanismo por el
cual las instituciones públicas optan para la construcción de las obras, sin embargo existen otros
mecanismos como la consesión de obra pública con el que se logró terminar el proyecto de
la carretera San José-Caldera, los Fondos de Desarrollo Inmobiliario con el que se construyó un
edificio alquilado hoy en día por el ICE y el Fideicomiso de Obra Pública con el que la Universidad
de Costa Rica ha comenzado a construir un edificio de parqueos de más de 500 espacios y
el mismo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales con más de 23.000 metros cuadrados de
construcción.
Evidentemente, cada una de las figuras son muy particulares, su costo, la forma de operar
y las condiciones para su implementación son muy diferentes, por lo que se trata de un traje a
la medida de las necesidades institucionales. Por lo anterior, cada institución interesada en la
implementación de una figura jurídica como las mencionadas, debe analizar a fondo los requisitos
y condiciones de cada una, en esta oportunidad nos ocuparemos de analizar el Fideicomiso
de Obra Pública ya que se trata de una figura novedosa y que podría representar una buena
oportunidad para el desarrollo de obras urgentes en nuestro país.
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