Juegos de poder entre las organizaciones costarricenses de personas con discapacidad y el sector de transportistas en el proceso de redefinición de la Ley 7600: el caso del transporte público remunerado (2003-2010)

Abstract

La investigación se enmarca en el proceso de redefinición de la Ley 7600, ante el vencimiento del Transitorio VIII, en el cual los actores oficiales decidían respecto a las opciones para facultar el cumplimiento y/o modificación de las disposiciones de la legislación. Se plantearon cambios en el tema de transporte como: ampliación de la vida útil de los autobuses y prórroga adicionales para la adaptación de las unidades de transporte público. De esta manera, los actores sociales estudiados, organizaciones de personas con discapacidad y las cámaras de autobuseros, emplearon sus recursos y estrategias para influenciar a los tomadores de decisiones. La lucha por la incidencia política de los actores se efectúa en espacio de desigualdad de recursos. En el tanto, las cámaras de autobuseros cuentan con los recursos económicos, humanos y de infraestructura; en contraposición, a las organizaciones de personas con discapacidad que subsisten, prácticamente, por medio del voluntariado de sus miembros y de limitados vaportes del Estado, entendido como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). Los actores sociales emplearon estrategias tales como el cabildeo, en los ámbitos de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo e instituciones como: CNREE, Consejo de Transporte Público (CNREE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Aunado, a recursos ante la Sala Constitucional, conferencias de prensa, acciones no institucionalizadas como: concentraciones y cese de obligaciones, el último caso refiere a las cámaras de autobuseros. Las organizaciones de personas con discapacidad mantuvieron un discurso que se basó en el respeto a los derechos humanos, en tanto el derecho al libre tránsito y la accesibilidad. No obstante, sus posturas no se mantuvieron unificadas y se diluían entre las múltiples organizaciones de personas con discapacidad que intentaban participar del proceso. En contraposición a las cámaras de autobuseros que se fundamentaban en aspectos de índole económico, relacionado con los costos para los usuarios, incapacidad de efectuar las modificaciones a los autobuses en el período establecido, la comparación internacional y otros. Las posturas de las cámaras eran sólidas, en el sentido de que a la mayoría de las mismas las respaldaban, aunado, a que los voceros eran pocos y reconocidos por los actores oficiales. La relación con el Estado evidencia que las cámaras de autobuseros mantienen relaciones estables y armoniosas con instituciones como el CTP y el MOPT, lo cual facilitaba la inclusión de sus posturas en la toma de decisiones.