Ética, política y sociedad( Gerardo Mora Burgos(( Ética, política y sociedad Gerardo Mora Burgos Relación entre ética y política En medio de la profunda crisis que abarca hoy día a casi todas las instituciones y actividades humanas y como al igual que en todas las cuestiones que atañen a los fundamentos últimos del obrar humano, en este caso también existe una polémica importante en torno a las relaciones entre ética, derecho y política, en la cual las posiciones varían desde aquéllas que consideran que son ámbitos absolutamente separados hasta las que las visualizan como esferas inseparables. Según Francisco Laporta (cf. Fernández, 1998), podemos relacionar los problemas centrales con algunos pensadores modernos de modo que estas relaciones pueden esquematizarse de la siguiente manera: a) La separación entre la ética y lo político-jurídico es conocida como el problema Maquiavelo, el cual, según la interpretación tradicional que no necesariamente compartimos, propone que las acciones políticas son instrumentales y sirven a los objetivos de garantizar la estabilidad del sistema, la seguridad exterior y el acceso o permanencia en el poder. Por consiguiente, la ética es ajena a las acciones políticas por cuanto se trata de lograr tales objetivos mediante acciones y decisiones con una lógica ajena a la moral (cf. Fernández, 1997). b) La distinción entre ética privada y ética pública es conocida como el problema Mill, el que implica una tajante separación entre las acciones públicas y la vida privada. c) La opción entre una ética de la intención y una ética de la responsabilidad es conocido como el problema Weber, el que penetra en el corazón de la problemática pues atiende a la cuestión de los criterios y valores que presiden la acción política conforme a lo cual puede ser enjuiciada moralmente (cf. Jonas, 1995, 367). Para tratar la problemática Max Weber diferencia una "ética de la intención" y una "ética de la responsabilidad". La ética de la responsabilidad consiste en el actuar pensando en las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Este posicionamiento, del que es partidario Weber en oposición a una ética de la intención, vuelve a traer la cuestión de que todos los medios pueden justificarse con miras a los resultados que se quieren obtener. En principio podemos señalar que el prever las consecuencias de la acción pública es internamente contradictorio con la tradición liberal a la que esta posición pertenece. El liberalismo sostiene que lo óptimo es la no intervención en la vida social porque ello produce necesariamente un orden espontáneo superior, en virtud de la astucia misteriosa de una "mano invisible". Este optimismo decimonónico no sólo carece de fundamento a la luz de lo que sucede en las sociedades reales, sino que es intrínsecamente incoherente. En efecto, si las intromisiones públicas tienen eventuales efectos perversos o no queridos sobre el orden social, no se advierte porqué las omisiones - que en definitiva son otra forma de accionar - no van a tenerlos. Por otra parte, la ética de la responsabilidad no sólo puede verse frente a la sospecha de ser poco ética sino también ante la paradoja de ser poco responsable. La concepción ética de la política se sustenta en principios que orientan consecuentemente nuestras acciones; lo contrario es la política pragmática, basada en criterios cortoplacistas, al servicio de intereses parciales y la pura conveniencia egoísta, esto es: el embelesamiento y la vanidad del poder, su búsqueda y disfrute como un fin en sí mismo, el más crudo maquiavelismo político. Consideramos que la ética de la responsabilidad es una propuesta (o, si se le toma como pauta, una doctrina) que tiene sus riesgos. Tomar los resultados como criterio para validar o no una acción, puede conducir al extremo de suponer que cualquier medio está justificado por un fin considerado como superior. La ética pura de la responsabilidad, carente de convicciones, resulta así desaconsejable, porque se transforma al cabo en un puro cálculo de consecuencias, en una pragmática inmoral. La ética de la intención señala que la acción debe estar siempre de acuerdo con una máxima moral y la crítica más podría ser que dicho principio le daría cierta rigidez a la acción. Sin embargo, sostener esta posición no implica necesariamente un catálogo inalterable de principios sino que se trata de una convicción crítica y racional que permite la modificación histórica de esos principios. Posibilita además, en oposición al concepto de racionalidad teleológica (instrumental o estratégica) orientada al éxito, un concepto de racionalidad comunicativa que al decir de Jürgen Habermas está orientada al entendimiento (Verständigung) (Habermas, 1989, 499), lo que implica un concepto de racionalidad más amplio que enlaza con la vieja idea de logos. Habermas considera la racionalidad estratégica (Habermas, 1989, 483) y la racionalidad comunicativa (Habermas, 1989, 493) como dos tipos de racionalidad que, desde la perspectiva del propio actor, representan una alternativa; los participantes en la interacción deben elegir, aunque intuitivamente, entre una racionalidad orientada al éxito y una racionalidad orientada a la comprensión o entendimiento. La racionalidad instrumental o estratégica significa el cálculo del éxito, es generalmente de naturaleza utilitaria, es decir, se da por supuesto que el actor elige y calcula los medios y fines en función de la máxima utilidad (modelo maximizador) o por la máxima utilidad esperada. En la racionalidad comunicativa, las acciones de los actores participantes no quedan coordinadas a través de cálculos egocéntricos de intereses sino a través del entendimiento. En la acción comunicativa los agentes no se orientan primariamente por o hacia su propio éxito, sino por o hacia el entendimiento que es de por sí un valor moral de la más alta significación (cf. Fernández, 1998). Sin embargo, la propuesta habermasiana no está tampoco exenta de problemas, los cuales podemos analizarlos a la luz de las mismas características que su autor consigna como definitorias del consenso utópico y de la ética que lo promueve, a saber: que ésta debe ser deontológica, cognitivista, formalista y universalista (cf. Habermas, 1991, 100-102). Aunque en general todas las éticas son deontológicas, al menos en un sentido que podríamos llamar genérico o débil, es decir, en el sentido en que se ocupan de la valoración de la realidad o del carácter prescriptivo de nuestros juicios, cuando Habermas nos habla de la propiedad deontológica de la ética o del consenso, lo hace en un sentido que debemos llamar fuerte, es decir, como una propiedad que se opone a la realidad empírica y que establece, por tanto, una relación estricta de exclusión entre ser y deber-ser. Es más, justamente este carácter excluyente de la relación es el que permite establecer la obligatoriedad del consenso moral. Pero eso significa entonces que la norma moral nos coloca en la paradójica situación de obligarnos a distorsionar el deber-ser al exigirnos convertirlo en mero ser, ya que desvirtuamos de ese modo su pureza. El deber-ser reposa sobre una estructura lógica tal que puede simultáneamente ordenarnos y prohibirnos su realización; la pureza normativa del deber-ser y la imposibilidad de su puesta en práctica no son más que las dos caras de una misma moneda. Por otra parte, el hecho de que la ética o el consenso deban ser cognitivos o cognitivistas significa que deben ser asimilables al discurso veritativo. Asimilar el discurso moral al discurso científico tiene por finalidad introducir en la ética un tipo de razonamiento claramente discriminatorio que garantice la aceptabilidad o la no-aceptabilidad de las pretensiones de validez. Por eso es tan importante para Habermas seguir una estrategia de fundamentación pragmática en la que el peso recaiga sobre una teoría de la argumentación. Pero, al proceder de ese modo, nos vemos en la paradójica situación de tener que introducir también criterios de apodicticidad y de eliminación del error en la ética. Quien no acepta el procedimiento de fundamentación, se contradice. Quien discrepa sobre las condiciones del lenguaje moral, comete un error. Es demasiado lógico lo que pasa a ser considerado ético, y es demasiado lo que queda así excluido de la ética. Seguidamente, el consenso debe ser formalista en el sentido en que concibe a los interlocutores del contrato o del diálogo como sujetos desarraigados y porque evita deliberadamente pronunciarse sobre los asuntos concernientes a la valoración de la vida. Es a este respecto que se han hecho notar con más fuerza las paradojas del modelo utópico. En resumen, las dificultades son de tres tipos: un consenso de esa naturaleza es teóricamente inconsistente, prácticamente inservible y políticamente encubridor. Es teóricamente inconsistente porque incurre en una petición de principio o en una argumentación circular, es decir, porque sólo logra asegurar el proceso de fundamentación al que aspira, o bien postulando la vigencia previa de ciertos principios normativos, o bien atribuyéndole a los sujetos dialogantes la voluntad de concertar que ellos tendrían en realidad que producir precisamente por medio del diálogo. Es prácticamente inservible porque la única norma que el modelo llega a producir es una especie de supernorma, que nos dice qué requisitos de aceptabilidad debe satisfacer cualquier norma, pero no nos puede decir qué contenido debería tener dicha norma, ni qué finalidad, ni qué sentido. Y es políticamente encubridor porque al definir a los individuos como participantes ideales de un acuerdo originario, corre el peligro de legitimar implícitamente las condiciones reales en que viven tales individuos, que son condiciones de desigualdad, excluyente, o acaso no permite tematizar el desencuentro, tan conocido por nosotros, entre la legalidad y la realidad. Finalmente, la pretensión universalista del consenso se enfrenta a una dificultad muy simple, pero no por ello fácil de resolver, que consiste en atribuirle validez suprahistórica a una representación moral surgida históricamente. No decimos que no se entienda la intención que anima a este universalismo o el papel que puede tocarle jugar en el contexto internacional -pensemos, si no, en el papel que desempeña la defensa de los derechos humanos-, pero ni la intención ni la funcionalidad política son suficientes para evitar la paradoja mencionada (cf. Giusti, 2001). ¿Crisis en la política? El descrédito de la política y de sus actores es un fenómeno universal del que, por cierto, Costa Rica no escapa. Habitualmente se asocia el descrédito con la ocurrencia relativamente frecuente de escándalos que comprometen en hechos de corrupción a políticos y a agentes de los estados. Pero la verdad es que los enjuiciamientos colectivos hacia la política abarcan aspectos más amplios. Existe una evidente -aunque no siempre consciente- interrogación del papel y de la funcionalidad de la política y de los políticos que deriva en una crítica ética, toda vez que alude al imaginario social acerca del deber ser de la política. Este último elemento cobra relevancia para efectos de analizar las razones de la extrema desconfianza ética hacia la política que subyace en la cultura masiva contemporánea. La corrupción, el aprovechamiento personal de los cargos públicos, etc. son situaciones que han acompañado a la política en nuestra historia lejana y cercana. No obstante, el nivel de desprestigio ético que ha alcanzado esa actividad en el presente es bastante más elevado que en períodos precedentes. Obviamente, la política siempre ha estado sujeta a críticas morales, pero no con la profundidad, extensión y la frecuencia de hoy. Por lo menos, en el pasado, ciertos personajes o sucesos políticos eran social y éticamente valorados, lo que compensaba, en parte, los juicios negativos y evitaba la generalización casi absoluta del desprestigio que hoy aqueja a la política. El alto y masificado descrédito ético de la política tiende a ser explicado por la creciente articulación de los negocios privados con la esfera de lo público y por la concentración de enormes poderes en manos de grandes corporaciones económicas, cuestiones ambas que operan en el sentido de objetivizar mayores condiciones para la corrupción política. A su vez, la globalización e instantaneidad de la información, gracias a los modernos sistemas comunicacionales, hacen posible que las sociedades accedan a un mejor y superior conocimiento de las situaciones de corrupción. Sin duda que tales realidades participan en las percepciones masivas sobre la falta de ética de la política contemporánea. Pero no explican, al menos suficientemente, los cuestionamientos éticos más profundos hacia la política y que se refieren a su funcionalidad y a su deber ser. Es en esta dimensión de las apreciaciones y críticas donde surge un conflicto entre los parámetros tradicionales empleados para juzgar la política y los nuevos entornos en los que ésta se desenvuelve. Dos de estos cambios son los más notables y destacables (cf. Cortés, 2002). 1. La cultura masiva ha construido una visión de la política principalmente a partir de los relatos que la historiografía (oficial o informal) hace de grandes acontecimientos o procesos políticos. En esos relatos, los hechos y personajes políticos están habitualmente rodeados de cierta aura heroica y evaluados como de gran trascendencia histórica. Visión que se potencia tanto más habida cuenta que los relatos históricos más conocidos son aquellos más cercanos al presente, los que con mayor intensidad participaron en la configuración de los tiempos modernos. Así, en la cultura masiva, la política y los políticos -según las narraciones historiográficas- aparecen estimulados y ordenados por pugnas y confrontaciones que concluyen en obras que se perpetúan en el tiempo. Es decir, se asocia la política, por ejemplo, a la conformación de imperios o estados nacionales, a descolonizaciones, a rupturas oligárquicas, a revoluciones o reformas sociales, a edificación de sociedades libres y democráticas, etc. Y todo lo cual, en la mayoría de los casos, estuvo acompañado de guerras regionales, nacionales o civiles, de liderazgos carismáticos conduciendo movimientos multitudinarios, de aventuras y sacrificios personales, de mártires deificados, etc. Si algo caracteriza a la política contemporánea es el fin de la política de objetivos irruptivos, dramáticos y requeridos de conductas excepcionales y, por ende, el fin también del político-héroe. El político contemporáneo carece de la posibilidad de gozar, como antaño, de la admiración y del respeto público por el sólo ejercicio de sus funciones, puesto que éstas no demandan ni de los heroísmos ni de los riesgos ni de los sacrificios de otrora. De alguna manera, esta modificación no está enteramente asumida por la cultura social, de suerte que genera en la sociedad una crítica moral sobre la base de los rasgos éticos que la cultura masiva le asigna al político y a la política del pretérito. Todo lo anterior puede decirse de manera muy resumida: en la cultura masiva hay una interrogación ética originaria hacia el político, por cuanto considera que adquiere poder -con lo cual detenta superioridad- sin esfuerzos éticos excepcionales como los que hacían los políticos de la narración historiográfica. 2. El término de la bipolaridad, de la pugna catastrofista entre capitalismo y socialismo, de la inexistencia de enemistades políticas bélicas, torna, comparativamente con el pasado, cada vez menos viable la justificación de hechos reñidos con la ética por "razones de Estado". El viejo dilema planteado por Max Weber entre "ética de la responsabilidad" y "ética de la intención", ha ido resolviéndose socialmente a favor de la última. Las sociedades están menos dispuestas a aceptar la violación de normas éticas en virtud del "interés superior del Estado" y con tanto más énfasis puesto que tal tipo de interés fue tradicionalmente identificado por la cultura masiva como referido casi exclusivamente a la seguridad y pervivencia del Estado-nación. ¿Está la sociedad en condiciones de juzgar y controlar adecuadamente la ética en política? Los dos puntos anteriores serían indicativos de limitaciones en tal sentido, pero hay otros que también apuntan en la misma dirección. En primer lugar, pese diferencias de opinión distintos al respecto, lo cierto es que la propia sociedad moderna enfrenta crisis de valores de alta complejidad, toda vez que sus causas atañen a tres procesos simultáneos y articulados: Primero, a cambios conductuales en virtud de las readecuaciones que impone la vida moderna; a debilitamientos de estructuras o instituciones que tradicionalmente culturizaban y orientaban éticamente a la sociedad, y a la continua emergencia de nuevos fenómenos que indagan la vigencia de valores ancestrales. Es decir, las sociedades modernas, y en lo que a ellas mismas compete, se encuentran en un período de imprecisiones o incertidumbres éticas. Tanto M. Weber como J. Habermas han dedicado amplios análisis a este proceso que podríamos denominar en algunos sentidos “racionalización” o “modernización” (Habermas, 1974, 160; 1976, 18, 158, 278; 1983, 19, 146, 251; 1984, 66). En segundo lugar, la moralidad colectiva, en tanto parte de la cultura occidental, tiene su origen en las tradiciones filosóficas y religiosas greco-judeo-cristianas, lo que implica que en sus matrices esenciales se encuentran fuertes sustratos metafísicos y teológicos. El carácter fundamentalmente secular de la política, especialmente de su práctica, ha sido eterno motivo de conflictos entre ésta y la que predomina en las civilizaciones culturalmente cristianas. Con el advenimiento y consolidación del capitalismo moderno y global, tal conflictividad tiende a extremarse, no sólo porque la política está impelida a una todavía mayor secularización, sino también porque, en general, las relaciones sociales sobre las que opera la política también se establecen sobre marcos cada vez más secularizados y crecientemente distantes de las idealidades éticas de la cultura occidental. Dicho brevemente, con la modernidad la moral social tradicional va perdiendo racionalidad instrumental a la hora de juzgar la actividad política, la cual es forzada, por la propia dinámica social moderna, a ser más secular, más racionalmente instrumental (Habermas, 1974, 160; 1976, 18, 158, 278). Y en tercer lugar, la modernidad y la globalización hacen que la política y, especialmente, sus procesos de tomas de decisiones, acrecienten sus caracteres técnicos. La mayor tecnificación, a su vez, conlleva a que la política y sus instancias devengan en una suerte de subestructura especializada. Este fenómeno produce un primer efecto, bastante estudiado y conocido: la tendencia a un distanciamiento más empírico entre sociedad y política. Y ello por dos causas: a) porque a la sociedad se le vuelve más difícil acceder a la comprensión técnica de los procesos políticos, y b) porque la tecnificación de esos procesos, genera mecánicas renuentes o francamente contrarias a la participación ciudadana. Es evidente que en las sociedades modernas existe una tensión entre calidad de la política y la representatividad social (Habermas, 1974, 76-84; 1984, 84-91). Pero este mismo fenómeno implica también que la superior profesionalización que adquiere la política y sus procesos genera códigos conductuales específicos -que en tanto tales se ligan a la ética-, esto es, intrínsecos a esa condición de subestructura especializada y, por consiguiente, desconocidos por la sociedad masiva. Resumiendo: la política está sometida a un extendido y profundo desprestigio ético. Si bien las sociedades disponen de razones tangibles para enjuiciar la falta de ética en conductas de la política moderna, muchas de sus críticas merecen reparos: -en general, no tienen en cuenta los estremecimientos ético-culturales que aquejan a las propias sociedades como conjunto; -algunos de los parámetros que se usan para medir la ética en la política actual son extemporáneos; -las sociedades capitalistas modernas y globalizadas tienden a crear conductas crecientemente secularizadas que no se coinciden con la idealidad fundante de la ética colectiva en las civilizaciones cristianas. No obstante, a la política se la juzga desde preceptos surgidos de esa idealidad fundante y simultáneamente se le demanda que actúe prácticamente en virtud de requerimientos que emanan de las conductas sociales más secularizadas. -la tecnificación y profesionalización de la política contemporánea son acompañadas de ciertos códigos éticos internos y, normalmente, ignorados por la ciudadanía, lo que establece, de hecho, algún grado de paralelismo entre las mediciones éticas del ciudadano común y las que evalúa el actor político. Para avanzar en los análisis sobre estos desencuentros entre la política y las apreciaciones sociales sobre la ética política es menester incorporarlos a las viejas reflexiones sobre la permanente tensión o conflictividad entre ética y política. Puestos en ese cuadro analítico, se percibe una primera conclusión paradojal que, por lo demás, debería ser punto de partida para tratar estos temas: tanto la política como la ética están sujetas a crisis particularmente agudas y por las mismas causas. En efecto, tanto la una como la otra son refractarias a los cambios, por el simple hecho de que sus funcionalidades tienen que ver con la mantención y perpetuación de conductas socialmente ordenadas. Funcionalidad que, a su vez, las fuerza a una estructuración rígida de pensamientos y lógicas que les impide o dificulta asimilar modificaciones sin riesgos de significativas rupturas. La resistencia consuetudinaria de la ética y la política a las transformaciones endógenas ha llegado a niveles históricamente excepcionales en el estadio actual de la modernidad, por cuanto, pese a que los cambios en casi todo el resto de las esferas sociales y culturales interrogan sus roles ancestrales, ambas perviven con escasísimas modificaciones relevantes. En efecto, ética y política han tenido como misiones, monopolizadas en cuerpos orgánicos, entregar certezas normativas, conductuales, rectoras para la vida social e individual. Pero las nuevas sociedades emergentes y ya consolidadas anuncian caracterizarse por lo volátil y heterogéneo, por las incertidumbres y las atomizaciones de las antiguas estructuras. En tal sentido, los espacios para la ética y la política, con sus misiones y organizaciones tradicionales, no sólo son menores sino cualitativamente distintos. Por cierto que un desafío de esa envergadura tiene una connotación crítica tan profunda y radical que las instancias que concentran de preferencia esas funciones ni siquiera han entrado seriamente en el tema, han optado por resistirlo. La duda que asalta es si no son esas resistencias, precisamente, las que impiden la superación de los síntomas de crisis que cruzan a la ética social y a la ética política (cf. Cortés, 2002). Construcción de lo público Más concretamente, no podemos ignorar uno de los debates regionales en el que podemos hallar algunas de las claves correctivas para los problemas más relevantes que nos plantea la ética política contemporánea: el de la construcción de lo público (cf. Garay, 2000; Pécaut, 2000). Debate que en nuestras circunstancias debemos enmarcar frente a las amenazas de lo privado, así como también en cuanto a su propia definición. En el debate sobre lo público y lo privado se ha tendido a caer en la idea de que lo público es por sí mismo un espacio desiderativo, y que por contraste lo privado es menos deseable, y por esto es necesario hacer mucho énfasis en esta relación. Frecuentemente olvidamos el necesario equilibrio que debe prevalecer entre ambos espacios, particularmente porque en nuestras sociedades se tiende a privilegiar lo privado en detrimento de lo público. De hecho ha habido sociedades y subsisten ideologías que los exaltan, con regímenes dictatoriales y totalitarios en lo que la primacía y glorificación de lo público se traducen en una subvaloración de lo privado, lo que se expresa a su vez en la negación de derechos individuales elementales. Algunas versiones del marxismo, al hacer énfasis en una concepción hipersocializada de los seres humanos, han dado carburante a prácticas de esa naturaleza. “Además, al igual que es errado establecer una dicotomía irrestricta entre lo público y lo privado, resulta no solo equivocado sino contraproducente imponer una primacía absolutista, unilateral, excluyente e inconsulta de lo público sobre lo privado. La legitimación social de lo público es un proceso societal [sic] que parte de la propia esfera de la intimidad y de la capacidad del individuo para reflexionar sobre sus propios asuntos particulares y dilucidar y cuestionar críticamente las relaciones y condicionantes existentes entre éstos y los intereses de la colectividad. El enriquecimiento y legitimación de lo público en una democracia requiere la preservación y perfeccionamiento de la esfera de la intimidad como un espacio esencial en el proceso de formación y desarrollo del ciudadano reflexivo y deliberante. Esta es una expresión precisamente de las relaciones de co-superditación y co-determinación mutuas entre lo público y lo privado, de su inseparabilidad y de su interacción íntima como proceso social” (Garay, 2000). Adicionalmente, una primacía de lo privado se traduciría en un quiebre de la democracia y por ende en una mayor e incontrolada dominación por parte de los poderosos y privilegiados. La preponderancia de lo privado tan añorada por algunos sectores sociales deviene sin duda en nuestra sociedad en actos de corrupción que se pretenden ocultar a la mirada crítica de lo público. Una de las dimensiones más importantes que asume el debate sobre lo público y lo privado es el proceso por el cual elementos que tradicionalmente pertenecían al mundo de lo privado tienden a convertirse en objetos de debate en lo público, en la medida en que su significación creciente los construye como claves en el funcionamiento del orden social (cf. Salazar, 2004, 27-34). Es el caso del desarrollo de identidades específicas que reclaman derechos y ejercicios de poder. El feminismo, los movimientos de juventud, étnicos, religiosos o de preferencias sexuales alternativas expresan el desarrollo público y político de nuevas identidades colectivas, y constituyen hoy día movimientos sociales con grados variables de eficacia y logros. Estamos en estos ámbitos justamente ante expresiones de movimientos que al convertir en públicas sus identidades, intereses y cosmovisiones, pugnan por lograr niveles significativos de inclusión y participación, y que en este proceso tratan de lograr transformaciones más o menos fuertes del orden social, de tal manera que les dé cabida. Así como estas fuerzas y movimientos identitarios han logrado algunos niveles de inclusión en la sociedad costarricense, en el ordenamiento social se empezado a conquistar y a construir nuevos ámbitos en los que la inclusión y la exclusión ocupan lugares centrales en la construcción de una sociedad más democrática, justa y moderna. El hito más relevante en esta dirección es el proceso de descentralización política y administrativa, que ha creado condiciones de participación en los asuntos locales, pero que aún presenta grandes vacíos, al tiempo que ha estimulado el desarrollo de formas locales de corrupción y clientelismo. Al lado del terreno propiamente político, la estructura social costarricense presenta rasgos que impiden el desarrollo de procesos de inclusión (cf. Rey, 2000). Tal es el caso del desarrollo de nuevas tecnologías en un mundo crecientemente globalizado, que ha significado que amplios sectores de la población queden rezagados. Más aún, el país en su conjunto experimenta atrasos sensibles frente a algunas de estas tecnologías. La telemática, particularmente, ha implicado que se creen abismos entre los costarricenses con acceso a ella y quienes no lo tienen. Paralelamente, la deserción escolar y el analfabetismo crecen a ritmos acelerados. Los nuevos procesos productivos están demandando una fuerza de trabajo con nuevos y más altos niveles de educación y capacitación, y el acceso a éstos sigue estando restringido a sectores mayoritarios de la población (cf. Camacho, 2001, 18-33). Resumiendo, el fortalecimiento de lo público concebido participativa, inclusiva y democráticamente es una de las condiciones sine qua non para restablecer la relación esencial entre la ética y la política, en la que la transparencia, la justicia y la solidaridad prevalezcan sobre la corrupción, los privilegios, la exclusión y el egoísmo que coyunturalmente ganan la partida en nuestro país. 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(( Catedrático de Filosofía de la Sede de Occidente e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ambos de la Universidad de Costa Rica. Estudios de posgrado en las universidades de Friburgo y Bremen en la República Federal de Alemania. Numerosas publicaciones sobre las filosofías alemana y costarricense.     12