La producción social de límites “desde abajo” para la defensa del ambiente y la vida: conflictos locales y moratorias municipales a la expansión piñera en Costa Rica (2007-2017)

Abstract

El estudio analiza la naturaleza y efectos sociales de los conflictos por la expansión del monocultivo de piña en tres cantones del Caribe costarricense durante el periodo 2007-2017. En este marco, indaga los mecanismos utilizados por las poblaciones rurales para enfrentar el avance del agronegocio piñero, enfocándose en los acuerdos municipales de moratoria, sus alcances y limitaciones en el ejercicio de la justicia ambiental y la democracia a escala local. Para la construcción del objeto de estudio, recupera claves analíticas del campo de la ecología política latinoamericana, de los estudios agrarios y de regímenes alimentarios, de las perspectivas sobre la acción colectiva en torno a los bienes naturales y los análisis del movimiento de justicia ambiental, así como del enfoque de la productividad del conflicto. Se implementó un estudio de caso múltiple integrado que incluyó conflictos socio-ambientales de Siquirres, Guácimo y Pococí. A partir de la triangulación de técnicas y fuentes, se combinó información proveniente de registros documentales (actas municipales, noticias, fallos judiciales, informes técnicos), entrevistas semiestructuradas (actores sociales e institucionales del conflicto) y observaciones (en actividades regulares de las organizaciones). Al respecto, se demuestra que la conflictividad piñera expresa las contradicciones de un proceso contemporáneo de transformación agrícola a escala global y que su complejidad y variación local se relaciona con: la presencia de formas diferenciadas de integrar reivindicaciones de base ecológica con otros aspectos constitutivos del conflicto, el carácter dual (material/simbólico) de los procesos de apropiación de la naturaleza y la implicación de fuerzas biofísicas que, al igual que los actores sociales, actúan bajo su propia dinámica en cada disputa. Además, se concluye que la moratoria representa un rechazo colectivo de las poblaciones rurales a su exposición desproporcional al impacto del agronegocio piñero. De tal forma, la figura interpela públicamente el vacío regulatorio y la incapacidad técnico-política del Estado de enfrentar la intensificación del monocultivo. También, confronta los modos de actuación de los órganos públicos, al tiempo que visibiliza la voluntad local de retomar el control de sus bienes naturales y territorio, y la necesidad de revisar críticamente el modelo de desarrollo regional. Por último, se argumenta que la conflictividad socio-ambiental en el Caribe genera efectos sociales diferenciados e incluso contradictorios. Por un lado, estimula procesos de revalorización ecológica del espacio, instancias de participación y decisión para la gestión ambiental, visiones compartidas de defensa territorial, nuevos saberes y conocimientos en torno los bienes naturales próximos, y desde ahí, contribuye al desarrollo de sujetos colectivos con perspectivas de justicia ambiental. Por otro lado, los conflictos derivan en la actualización del derecho de acuerdo con las exigencias del mercado, debilitan la confianza en la institucionalidad pública y refuerzan las alianzas político-empresariales en favor de la rentabilidad del agronegocio y en detrimento de las prácticas democráticas.