La política de seguridad alimentaria y nutricional orientada a erradicar la desnutrición crónica en Guatemala. Análisis de la gestión intersectorial, sociocultural, territorial y de la interacción entre actores. 2005-2014

Abstract

La política de seguridad alimentaria y nutricional (Polsan), orientada a erradicar la desnutrición crónica, es parte de las políticas sociales, por lo cual se hace necesario su análisis, considerando su naturaleza multidimensional. El análisis de la política pública en cuestión requirió de la aplicación de un modelo propio, que permitió analizar el contexto del sistema político, en donde se diseña e implementa. Tal análisis considera elementos históricos, políticos, sociales, culturales y económicos. El fundamento teórico de la presente investigación se basa en el enfoque sistémico y de derechos; así como el uso de elementos teóricos de la intersectorialidad, lo sociocultural y lo territorial de las políticas públicas. Tales elementos se interrelacionan con las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional, siendo éstos: la disponibilidad, acceso, aprovechamiento biológico y estabilidad de los alimentos. Así mismo se tuvo presente la interacción entre actores públicos y privados, para el análisis del problema público y para la toma de decisiones que pretende alcanzar un objetivo común, en este caso atender la desnutrición crónica infantil. Como la gran mayoría de políticas públicas, la Polsan debe estar determinada por un mandato de actuación político-administrativo y documento de acuerdo político administrativo para alcanzar el cambio social. Así debe reconocerse lo institucional como una dimensión más de análisis de la Polsan. El Estado es un actor que posee recursos particulares que resultan de y constituyen el sustento de la dominación; por lo que estos recursos conllevan a unas relaciones desiguales entre Estado y sociedad. En este sentido, las características del sistema político determinan el grado de madurez democrática de la clase política y la ciudadanía. Tal situación manifiesta el grado de institucionalidad que el Estado-Gobierno ha alcanzado, reflejándolo en legitimidad, transparencia, democracia y garantía de los derechos que le interpelan. Se determinó que, por la débil institucionalidad de la Polsan, los elementos de la gestión intersectorial, sociocultural y territorial, pese a que están considerados en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan) y los planes estratégicos de seguridad alimentaria nutricional, no se reflejan eficientemente en los resultados e impacto de la política. Pese a que existe la Ley del Sinasan ésta no alcanza en sí misma garantizar el derecho a la alimentación. La prevalencia de la desnutrición crónica infantil no muestra cambios significativos en la sociedad guatemalteca. En 28 años (1987 a 2015) solo pudo alcanzarse un promedio anual del 0,56 %. De seguir con esta tendencia, para el año 2035 el indicador sería del 32,5 % es decir todavía 33 niños de cada 100 estarían sufriendo los embates y secuelas de la desnutrición, visto esto a nivel nacional. Sin embargo, como se explica en el documento, hay comunidades rurales e indígenas que actualmente siguen considerando un indicador de hasta el 90 % de desnutrición infantil.The food and nutrition security policy (Polsan, acronym in Spanish), aimed at eradicating chronic malnutrition, is part of social policies, which is why its analysis is necessary, considering its multidimensional nature. The analysis of the public policy in question required the application of its own model, which allowed us to analyze the context of the political system, where it is designed and implemented. Such analysis considers historical, political, social, cultural and economic elements. The theoretical foundation of this research is based on the systemic and rights approach; as well as the use of theoretical elements of the intersectoral, sociocultural and territorial aspects of public policies. Such elements are interrelated with the dimensions of food and nutritional security, these being: availability, access, biological use and stability of food. Likewise, the interaction between public and private actors was considered, for the analysis of the public problem and for decision-making that seeks to achieve a common objective, in this case to address chronic child malnutrition. Like most public policies, Polsan must be determined by a political-administrative action mandate and a political-administrative agreement document to achieve social change. Thus, the institutional must be recognized as one more dimension of analysis of the Polsan. The State is an actor that possesses specific resources that result from and constitute the sustenance of domination; Therefore, these resources lead to unequal relations between the State and society. In this sense, the characteristics of the political system determine the degree of democratic maturity of the political class and citizens. Such a situation shows the degree of institutionality that the State-Government has reached, reflecting it in legitimacy, transparency, democracy, and guarantee of the rights that challenge it. It was determined that, due to the weak institutional framework of Polsan, the elements of intersectoral, sociocultural and territorial management, although they are considered in the Law of the National System of Food and Nutritional Security (Sinasan, acronym in Spanish) and the strategic plans of nutritional food security, are not efficiently reflected in the results and impact of the policy. Despite the existence of the Sinasan Law, it is not enough in itself to guarantee the right to food. The prevalence of chronic childhood malnutrition does not show significant changes in Guatemalan society. In 28 years (1987 to 2015) an annual average of 0.56% could only be reached. If this trend continues, by the year 2035 the indicator would be 32.5%, that is, 33 children out of every 100 would still be suffering the attacks and consequences of malnutrition, seen this at the national level. However, as explained in the document, there are rural and indigenous communities that currently continue to consider an indicator of up to 90% of child malnutrition.