Análisis y propuesta de criterios de valoración médico legal del dolor como secuela de trauma por accidente de tránsito en personas de 18 años o más, valoradas en la Sección Clínica Médico Forense entre el 01 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2023

Abstract

La presente investigación tuvo como propósito central analizar los criterios de valoración médico legal utilizados en Costa Rica para evaluar el dolor residual como secuela de trauma por accidente de tránsito, contrastarlos con lo descrito en la literatura científica, y proponer criterios objetivos que fortalezcan la práctica pericial. El estudio resalta el impacto sanitario, social y económico de los accidentes de tránsito, que son las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población económicamente activa. Ante la ausencia de baremos nacionales que contemplen el dolor de manera diferenciada, los dictámenes presentan heterogeneidad y limitaciones metodológicas. El diseño fue observacional, descriptivo, retrospectivo y de enfoque mixto, con una muestra aleatoria estratificada de 182 casos de un total de 1.766 Dictámenes Médico-Legales analizados. Los resultados evidenciaron que los más afectados fueron hombres adultos jóvenes y de mediana edad, en su mayoría conductores de motocicleta, con lesiones predominantes en extremidades (tibia, peroné y fémur). El dolor residual se documentó como la secuela más prevalente, seguido por la limitación de la movilidad (52 %) y marcha claudicante (25 %). Sin embargo, se identificaron vacíos críticos en el registro, como la ausencia de intensidad del dolor en el 94,9 % de los casos, falta de documentación del mecanismo de trauma (99,1 %) y escasa información sobre tratamiento analgésico (>80 %). Casi todos los casos (99,1 %) ameritaron incapacidad permanente, con porcentajes variables cuando el dolor fue la única secuela. En conclusión, el estudio demuestra la necesidad urgente de criterios estandarizados y baremos adaptados al contexto nacional, además, propone sugerencias de cambios en los criterios ya existentes, que permitan valoraciones objetivas, defendibles y útiles para la administración de justicia.The main purpose of this research was to analyze the medico-legal criteria used in Costa Rica to assess residual pain as a sequela of trauma from traffic accidents, compare them with the scientific literature, and propose objective criteria to strengthen forensic practice. The study highlights the health, social, and economic impact of traffic accidents, which are among the leading causes of morbidity and mortality in the economically active population. In the absence of national disability scales that specifically address pain, medico-legal reports show heterogeneity and methodological limitations. This was an observational, descriptive, retrospective, and mixed methods study, based on a stratified random sample of 182 cases out of a total of 1,766 medico-legal reports analyzed. Results showed that the most affected were young and middle-aged men, mostly motorcycle drivers, with predominant injuries in the extremities (tibia, fibula, and femur). Residual pain was documented as the most prevalent sequela, followed by mobility limitation (52 %) and limping gait (25 %). However, critical gaps were identified in record-keeping, such as the lack of documentation of pain intensity in 94.9 % of cases, absence of trauma mechanism in 99.1%, and insufficient data on analgesic treatment (>80 %). Almost all cases (99.1%) required the assignment of permanent disability, with variable percentages when pain was documented as the sole sequela. These findings highlight the central role of residual pain in medico-legal evaluations following traffic accidents. In conclusion, the study underscores the urgent need to establish standardized criteria and scales adapted to the Costa Rican context, while also proposing modifications to the existing medico-legal parameters. Such improvements would enable more objective, defensible, and scientifically grounded assessments, ultimately strengthening forensic practice and supporting the fair administration of justice